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Fue en noviembre de 2015, mientras se discutía la Ley de Presupuestos 2016, que la diputada comunista Camila Vallejo propuso eliminar el Aporte Fiscal Indirecto (AFI) y que esos fondos fueran "a políticas más inclusivas, a la gratuidad, o a programas de nivelación".
En ese momento, el Ejecutivo tomó la propuesta parcialmente y redujo el subsidio a la mitad. Pero al año siguiente no lo asignó, lo que le valió una demanda de la Universidad Católica, que acusó el incumplimiento de una ley vigente.
Ayer, luego de que se conociera el acuerdo entre la UC y el Estado para frenar esa acción judicial, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, abordó el caso. "Fue un error que se produjo el eliminar una glosa (presupuestaria) que estaba respaldada por una ley", reconoció.
Y añadió que como "una ley se elimina con otra ley", en junio se enviará al Congreso un proyecto que pondrá fin al AFI. El texto también especificará que los planteles que recibían el aporte hasta 2016 recibirán -por única vez- $2 mil millones.
Así, Delpiano dijo estar "satisfecha; esto repone las relaciones con una universidad importante y no se judicializa el tema presupuestario".
Peña: "Desorientación intelectual"
Si bien el acuerdo fue catalogado por el rector de la UC, Ignacio Sánchez, como un "acto de justicia", hubo quienes criticaron el actuar del Ejecutivo.
"Esto es una confesión de una increíble desorientación intelectual", acusó Carlos Peña, rector de la U. Diego Portales.
A juicio del directivo -cuyo plantel es uno de los que más AFI captaban-, "es del todo anómalo que el Gobierno se obligue con un particular, porque eso es la UC, ¿o no?, a presentar un proyecto. Si, como dijo el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, era de la máxima gravedad judicializar una decisión de política pública como la supresión del AFI, lo es de mayor gravedad que el mismo ministro comprometa un proyecto como parte de una conciliación judicial o como resultado de un litigio".
Para Peña, "esto es, al margen de los beneficios que pueda aportar a las instituciones, más grave aún: trasladar las decisiones de política legislativa al litigio judicial. ¿Se advierte a dónde estamos llegando como consecuencia de todo este desorden? ¿Acaso se pretende conferir a los litigios judiciales la capacidad de iniciar proyectos de ley? Si ya hubo signos de que la reforma universitaria se estaba diseñando por el Mineduc como si fuera una negociación corporativa con el Consejo de Rectores, ahora resulta que el Gobierno está dispuesto a negociar proyectos con instituciones en particular. Todo esto no es razonable y exige una reflexión bastante más allá de la cuestión presupuestaria".
Supuesto rol de Ezzati
Ennio Vivaldi, rector de la U. de Chile, también criticó el acuerdo: "Se ve tan feo que las universidades que tienen más sigan teniendo mucho más".
A su parecer, "como se ha llevado a cabo esta negociación es por decir lo menos, curiosa, y a uno lo deja con muchas dudas". Según indicó, él debió haber sido invitado a las conversaciones, pues su plantel era el que más AFI recibía. Y si hubiera estado en esa negociación, asegura que hubiera pedido "un fondo para las instituciones que necesitan agudamente salir adelante".
Según Vivaldi, el cardenal y gran canciller de la UC, Ricardo Ezzati, tuvo un rol en las negociaciones: "Yo digo: si funcionó llevar al arzobispo (a las conversaciones), me pregunto de qué equipo de fútbol es hincha el ministro de Hacienda, así nosotros lo amenazamos con no dejarlo entrar al estadio si es de la U".
La alusión de Vivaldi motivó una inmediata réplica de Sánchez. "No sé cuál es la fuente que tiene el rector Vivaldi. Me gustaría que la aclarara de cara a la ciudadanía, por qué está diciendo algo que es completamente falso. El cardenal Ezzati no ha estado involucrado en estas conversaciones y no correspondía que lo hubiera estado", afirmó.
Y agregó: "Increpo al rector Vivaldi para que dé a conocer la fuente y la evidencia que tiene, y por qué quiere confundir a la ciudadanía".
U. de los Andes y UCV valoran acuerdo
Pero el acuerdo no solo recibió críticas. Para el rector de la U. de los Andes, José Antonio Guzmán, "un proyecto como este era muy necesario, porque a través de él se reconoce el real aporte al país que hacemos universidades que estamos comprometidas con la excelencia". E indicó que en el caso de su plantel, el AFI era destinado, en gran parte, a becas para estudiantes de menores recursos, a la contratación de profesores y a investigación.
El rector de la UC de Valparaíso, Claudio Elórtegui, en tanto, planteó que "es muy valorable que situaciones de desencuentro se puedan resolver a través del diálogo". Además, remarcó que el acuerdo es un ejemplo de que "las cosas no se habían hecho como se tenían que hacer".
Diálogo Delpiano aseguró que Hacienda lideró las conversaciones con la UC, pues el problema se produjo en la Ley de Presupuestos.
En la discusión del presupuesto 2016 de Educación surgió por parte de la diputada Camila Vallejo (PC) la idea de derogar el Aporte Fiscal Indirecto (AFI) y destinar parte de esos fondos a la gratuidad, que debutaría al año siguiente.
La idea fue votada y se aprobó que el AFI se redujera a la mitad, y que parte de los recursos fueran para las universidades privadas que ingresarían al beneficio. También se votó una compensación para los planteles del Consejo de Rectores por la reducción del subsidio.
En esa ocasión, el Ejecutivo anunció que al año siguiente se eliminaría todo el AFI, porque era "regresivo" al entregar fondos a quienes seleccionan a alumnos con la mejor PSU, siendo que hay otras vías de admisión, como el programa PACE. Eso sí, la eliminación fue solo por la no asignación de una línea presupuestaria, y no por un proyecto de ley.
DE : EL MERCURIO.COM/ACUERDO PUC GOBIERNO/DESACUERDOS/
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Gobierno admite "error" al no asignar el AFI, y rectores critican negociación del Ejecutivo
Rector de la U. Chile aseguró que en las negociaciones entre la UC y el Gobierno habría participado el cardenal Ezzati, lo cual fue rechazado por el rector Sánchez.
Fue en noviembre de 2015, mientras se discutía la Ley de Presupuestos 2016, que la diputada comunista Camila Vallejo propuso eliminar el Aporte Fiscal Indirecto (AFI) y que esos fondos fueran "a políticas más inclusivas, a la gratuidad, o a programas de nivelación".
En ese momento, el Ejecutivo tomó la propuesta parcialmente y redujo el subsidio a la mitad. Pero al año siguiente no lo asignó, lo que le valió una demanda de la Universidad Católica, que acusó el incumplimiento de una ley vigente.
Ayer, luego de que se conociera el acuerdo entre la UC y el Estado para frenar esa acción judicial, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, abordó el caso. "Fue un error que se produjo el eliminar una glosa (presupuestaria) que estaba respaldada por una ley", reconoció.
Y añadió que como "una ley se elimina con otra ley", en junio se enviará al Congreso un proyecto que pondrá fin al AFI. El texto también especificará que los planteles que recibían el aporte hasta 2016 recibirán -por única vez- $2 mil millones.
Así, Delpiano dijo estar "satisfecha; esto repone las relaciones con una universidad importante y no se judicializa el tema presupuestario".
Peña: "Desorientación intelectual"
Si bien el acuerdo fue catalogado por el rector de la UC, Ignacio Sánchez, como un "acto de justicia", hubo quienes criticaron el actuar del Ejecutivo.
"Esto es una confesión de una increíble desorientación intelectual", acusó Carlos Peña, rector de la U. Diego Portales.
A juicio del directivo -cuyo plantel es uno de los que más AFI captaban-, "es del todo anómalo que el Gobierno se obligue con un particular, porque eso es la UC, ¿o no?, a presentar un proyecto. Si, como dijo el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, era de la máxima gravedad judicializar una decisión de política pública como la supresión del AFI, lo es de mayor gravedad que el mismo ministro comprometa un proyecto como parte de una conciliación judicial o como resultado de un litigio".
Para Peña, "esto es, al margen de los beneficios que pueda aportar a las instituciones, más grave aún: trasladar las decisiones de política legislativa al litigio judicial. ¿Se advierte a dónde estamos llegando como consecuencia de todo este desorden? ¿Acaso se pretende conferir a los litigios judiciales la capacidad de iniciar proyectos de ley? Si ya hubo signos de que la reforma universitaria se estaba diseñando por el Mineduc como si fuera una negociación corporativa con el Consejo de Rectores, ahora resulta que el Gobierno está dispuesto a negociar proyectos con instituciones en particular. Todo esto no es razonable y exige una reflexión bastante más allá de la cuestión presupuestaria".
Supuesto rol de Ezzati
Ennio Vivaldi, rector de la U. de Chile, también criticó el acuerdo: "Se ve tan feo que las universidades que tienen más sigan teniendo mucho más".
A su parecer, "como se ha llevado a cabo esta negociación es por decir lo menos, curiosa, y a uno lo deja con muchas dudas". Según indicó, él debió haber sido invitado a las conversaciones, pues su plantel era el que más AFI recibía. Y si hubiera estado en esa negociación, asegura que hubiera pedido "un fondo para las instituciones que necesitan agudamente salir adelante".
Según Vivaldi, el cardenal y gran canciller de la UC, Ricardo Ezzati, tuvo un rol en las negociaciones: "Yo digo: si funcionó llevar al arzobispo (a las conversaciones), me pregunto de qué equipo de fútbol es hincha el ministro de Hacienda, así nosotros lo amenazamos con no dejarlo entrar al estadio si es de la U".
La alusión de Vivaldi motivó una inmediata réplica de Sánchez. "No sé cuál es la fuente que tiene el rector Vivaldi. Me gustaría que la aclarara de cara a la ciudadanía, por qué está diciendo algo que es completamente falso. El cardenal Ezzati no ha estado involucrado en estas conversaciones y no correspondía que lo hubiera estado", afirmó.
Y agregó: "Increpo al rector Vivaldi para que dé a conocer la fuente y la evidencia que tiene, y por qué quiere confundir a la ciudadanía".
U. de los Andes y UCV valoran acuerdo
Pero el acuerdo no solo recibió críticas. Para el rector de la U. de los Andes, José Antonio Guzmán, "un proyecto como este era muy necesario, porque a través de él se reconoce el real aporte al país que hacemos universidades que estamos comprometidas con la excelencia". E indicó que en el caso de su plantel, el AFI era destinado, en gran parte, a becas para estudiantes de menores recursos, a la contratación de profesores y a investigación.
El rector de la UC de Valparaíso, Claudio Elórtegui, en tanto, planteó que "es muy valorable que situaciones de desencuentro se puedan resolver a través del diálogo". Además, remarcó que el acuerdo es un ejemplo de que "las cosas no se habían hecho como se tenían que hacer".
Diálogo Delpiano aseguró que Hacienda lideró las conversaciones con la UC, pues el problema se produjo en la Ley de Presupuestos.
Cómo evolucionó el cuestionado fin del Aporte Fiscal Indirecto
En la discusión del presupuesto 2016 de Educación surgió por parte de la diputada Camila Vallejo (PC) la idea de derogar el Aporte Fiscal Indirecto (AFI) y destinar parte de esos fondos a la gratuidad, que debutaría al año siguiente.
La idea fue votada y se aprobó que el AFI se redujera a la mitad, y que parte de los recursos fueran para las universidades privadas que ingresarían al beneficio. También se votó una compensación para los planteles del Consejo de Rectores por la reducción del subsidio.
En esa ocasión, el Ejecutivo anunció que al año siguiente se eliminaría todo el AFI, porque era "regresivo" al entregar fondos a quienes seleccionan a alumnos con la mejor PSU, siendo que hay otras vías de admisión, como el programa PACE. Eso sí, la eliminación fue solo por la no asignación de una línea presupuestaria, y no por un proyecto de ley.
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